Tras no pocas dudas, en el mes septiembre de 1994 acepté finalmente la propuesta que me había sido hecha a finales de junio del mismo año. Acababa entonces de regresar de un viaje al extranjero, cuando uno de los secretarios de la mesa de las Cortes de Castilla y León, el que había sido alcalde de León y senador, Mario Amilivia, me telefoneó para decirme que desearía reunirse conmigo para darme una “importante noticia”. Esta no era otra que la de proponerme como candidato al cargo de Procurador del Común de Castilla y León . Mi contestación, además de dar las gracias, fue la de pedir que se me diera tiempo para dar la respuesta. Quedamos en volver a hablar finales del verano.
Poco después volvimos a reunirnos para comunicarme que puesto al habla Mario Amilivia con JL Rodríguez Zapatero, entonces Secretario General del PSOE castellanoleonés, éste manifestó el apoyo de su partido a mi candidatura. En el mes de septiembre me reuní con el portavoz del PP en el parlamento autonómico, Javier León de la Riva y con Mario Amilivia. Al final de la reunión les hice saber mi aceptación. Posteriormente tuve un encuentro con el presidente de la Junta de Castilla y León y con los portavoces de los grupos parlamentarios, en el que me sometí a las preguntas que estimaron oportuno hacerme. La reunión , en septiembre de 1994, con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, confirmó la aceptación de la condición que, como candidato, yo había puesto para mi aceptación, en el sentido de ser un Procurador del común apoyado por todos los partidos y no solo por el que tenía la mayoría parlamentaria.
Después de ser elegido por las Cortes con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, tomé posesión del cargo, prestando el pertinente juramento o promesa, el 11 de enero de 1995, de acatar la Constitución española y el Estatuto de Castilla y León , y de defender los derechos individuales de leoneses y castellanos.)
A partir de entonces comencé mis actividades, de acuerdo con lo dispuesto en nuestro Estatuto y la Ley que regula esta institución. Todo ello está minuciosamente reflejado en los informes anuales que, por prescripción legal, he debido remitir a la cámara autonómica.
Manuel B. García Álvarez 