Artículo escrito en colaboración con Rubén García López (asesor jurídico del Procurador del Común de Castilla-León) en la Revista jurídica de Castilla y León nº8, 2016, páginas 183-212.
Castilla y León ha sido tradicionalmente tierra de emigración y por este motivo los poderes públicos de esta Comunidad Autónoma deben prestar especial atención a la situación en la que se encuentran los castellanos y leoneses que abandonaron en el pasado esta tierra para iniciar una nueva vida fuera de nuestras fronteras. El presente artículo pretende ofrecer una visión general del contenido de la actuación de los poderes públicos dirigida a proteger los derechos económicos y sociales de los emigrantes, con la finalidad de realizar una valoración crítica de ésta y de proponer medidas normativas que contribuyan a mejorar la protección de sus derechos.
Con estos objetivos, y con especial atención al ámbito de Castilla y León, se analiza la actual regulación constitucional y estatutaria de la emigración, la actuación administrativa estatal y autonómica que ésta ha generado y, en fin, el papel desempeñado por los Comisionados Parlamentarios autonómicos, y en concreto por el Procurador del Común, en la fiscalización de la actuación pública llevada a cabo en este ámbito.
Las conclusiones alcanzadas conducen a proponer, como medida normativa que puede contribuir a mejorar la protección de los castellanos y leoneses residentes en el exterior, una modificación puntual del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, modificación que puede ser abordada en el marco del actual proceso de reforma de las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas.
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La representación parlamentaria de los intereses socio-económicos en los textos constitucionales
Manuel B. García Álvarez 