LA CUESTION LINGÜISTICA EN LAS CORTES CONSTITUYENTES DE LA II REPUBLICA

Por

Manuel B. García Alvarez
Profesor de Derecho Político

1. Al igual que sucede en muchos de los países en los que existe una pluralidad de lenguas, la Constitución española de 1931 se refería al problema, con carácter general, en uno de los artículos de su Título Preliminar, el art. 4.°, redactado en los términos siguientes: «El castellano es el idioma oficial de la República.

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional» (1).

Revista de derecho publico_Página_01Salta a la vista que el precepto citado es una de tantas disposiciones, en el texto de la Constitución republicana, que se remiten a tina regulación a poner en práctica con posterioridad. En realidad, los términos en que está redactado no permiten, por sí solo, dar una idea de su significado, debiendo, en consecuencia, ser interpretado en relación con las disposiciones correspondientes que lo desarrollan en los Estatutos regionales, sobre todo el art. 2.° del Estatuto de Cataluña y los arts. 1 y 7 del Estatuto Vasco, a los que se remite el art. 4, como veíamos, en su párrafo segundo. Además, la Constitución se refiere, al hacer esa salvedad, no sólo a las lenguas que se hablen en las regiones autónomas, sino también a las que puedan hablarse en otras comunidades —provinciales— en que así sea establecido por Ley, por entender que debe ser compatible con la Constitución el derecho a utilizar la lengua propia en aquellos países que no se constituyan en región pero que tengan lenguas distintas a la castellana (2).

Por el contrario, no fue finalmente reflejada en el artículo 4.° la enmienda Unamuno, que había aceptado la Comisión, según la cual en cada región podía ser declarada oficial la lengua de la mayoría de sus habitantes (el subrayado es nuestro), lo que no hubiera dejado de plantear serios problemas en algunas regiones con afanes autonomistas en las que no se daba, sin embargo, el uso mayoritario de una lengua propia (3).

2. ¿Qué significaban, en la práctica, las declaraciones de oficialidad a propósito de uno y otros idiomas a que se referían los citados artículos de la Constitución y de los Estatutos? Ante todo, debe partirse del hecho de que la cooficialidad de la lengua castellana y de las otras lenguas, en las regiones correspondientes, no debe ser entendida en términos de equiparación; al menos, a esta conclusión se llega tras la lectura de los textos, aunque sólo sea porque el ordenamiento solamente imponía la obligación de saber el castellano, no pudiendo los Estatutos obligar, al menos de manera expresa y directa, a aprender las lenguas vernáculas regionales.

Y por otro lado, aunque no llegó a ser aceptada una enmienda firmada por Unamuno y otros, en la que se limitaba el derecho de los catalanes a elegir el idioma oficial que prefirieran en sus relaciones con los funcionarios y autoridades de la Generalidad (4), sin embargo, en las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre el Estado y Cataluña, la lengua oficial sería el castellano (art. 2, párrafo segundo del Estatuto de Cataluña). Y en el párrafo quinto del mismo art. 2 del E. de C., lo mismo que en el 7 d) del E. V., se dice que a todo escrito o documento que se presentase ante los Tribunales de Justicia redactado en castellano debería acompañarse la traducción castellana correspondiente si lo solicitara una de las partes, pero no al contrario, lo que era lógico en el contexto constitucional de 1931, puesto que los españoles sólo estaban obligados a conocer el castellano.

Puede observarse que la redacción definitiva del Estatuto de Cataluña no iba tan allá, claro está, como se pretendía en el primitivo anteproyecto de dicho Estatuto (el «Estatuó de Nuria»), redactado en términos mucho más particularistas al decir que la lengua castellana sería la lengua oficial en Cataluña, siendo la castellana la lengua oficial sólo en lo referente a las relaciones catalanas con el Gobierno de la República. La fórmula del «Estatuto de Nuria», de haber sido admitido, habría podido dar pie, entre otras cosas, a aquellas relaciones entre Cataluña y otras regiones de habla «catalana» —como Baleares o Valencia— se hubieran desarrollado en catalán, como pedía el diputado Esteve (5) y sin necesidad de que el Estatuto aludiera a ella; lo que caía fuera de la competencia de este último, que, como tenía una vigencia exclusiva en Cataluña, no podría tratar de las lenguas que en su día propusiesen otras regiones (6).

Lo dicho anteriormente, es decir, la falta de igualdad entre ambas lenguas, la catalana y la castellana, llevará a algunos a subrayar el carácter meramente formal de la cooficialidad, y a pensar que era «preferible suprimirlo y que constara únicamente como idioma oficial el castellano…» (7).

En la práctica, la citada «cooficialidad» de las lenguas regionales y el castellano —en lo que se refería al catalán y al vasco— se plasmaba en el hecho de que las disposiciones oficiales tenían que ser publicadas, en las regiones autónomas, en castellano y en el idioma respectivo. Con la diferencia de que, en tanto el Estatuto Vasco mantiene que el bilingüismo habría de darse en las disposiciones emanadas por los poderes autónomos, el Estatuto de Cataluña se refería más ampliamente a «toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña» (claro que en la práctica venía a ser lo mismo, ya que nadie más que los órganos de la Generalidad podrían dar esas disposiciones. En cuanto a las notificaciones, de carácter individual, si el Estatuto Vasco las equipara a las disposiciones de carácter general, el Estatuto de Cataluña (el primitivo dictamen sobre éste guardaba silencio sobre las notificaciones individuales) decía que sólo en el caso de que así fuera solicitado se publicarían en ambos idiomas, y ello al ser beneficioso para la persona interesada, un principio de economía administrativa aconsejaba no hacerlo en ambos idiomas más que a solicitud de parte.

En este último punto, el Estatuto de Cataluña presentaba cierta contradicción, en el sentido de que regulaba la excepción y no la regla, y es que, aunque se decía que si lo solicitaba una parte la notificación se haría en las dos lenguas, no se aclaraba, sin embargo, qué lengua sería la empleada si nadie solicitaba la doble versión (8). A este respecto quizá, aunque la Generalidad hasta entonces y con anterioridad la Mancomunidad habían dado las notificaciones en catalán, y el Presidente de la Comisión dictaminadora del Estatuto, Belló, declarado con valor de interpretación auténtica que la regla general sería el catalán (9), hubiera resultado más de acuerdo con la Constitución, que decidía la oficialidad del castellano en toda España, mantener el primer dictamen («Toda disposición oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada o notificada en ambos idiomas»), en lugar de sustituirlo, como se hizo, por la enmienda Peñalva (10), redactada en el tenor aludido. De acuerdo con el ordenamiento, además, los órganos regionales eran al tiempo órganos del Estado español y representantes de la región, por lo que parece lógico deducir la oficialidad de los dos idiomas, el castellano y el de la región respectiva (11). El problema no se daba en esos términos en el Estatuto Vasco, en el que, como veíamos, se exigía que las notificaciones fueran hechas en castellano y euskera.

El último párrafo del art. 4 («Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional») suscitó temores entre los sectores nacionalistas y autonomistas en cuanto se pensó que su aplicación impediría a las autoridades regionales el poder imponer a jueces y fedatarios, por…

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